Entrevista a pintor y museólogo Celestino Ortiz Nieves

14 de octubre de 2024- En este programa de Por la Vereda Cultural, el profesor Félix Báez conversa con el destacado pintor y museólogo Celestino Ortiz Nieves, quien comparte su fascinante trayectoria en el arte y la música, desde sus inicios en Yabucoa hasta sus exposiciones internacionales en lugares como París, Brasil y España. Además, resaltamos dos importantes conciertos que se celebrarán en Humacao: el concierto de la Escuela Libre de Música, en conmemoración de sus 55 años, y el espectáculo de la Escuela de Bellas Artes Anita Otero. Descubre cómo estos eventos fortalecen la vida cultural de la región y escucha las inspiradoras historias que conectan la música y el arte con nuestra identidad local.

Oprima aqui para escucharlo: 

Una visita al pasado por las casaquintas humacaeñas.

 Una visita al pasado por las casaquintas humacaeñas.

Félix Báez Neris
Profesor jubilado de la UPRH

Una casaquinta es una vivienda espaciosa, generalmente ubicada en las afueras de una ciudad o en el campo, que cuenta con un amplio jardín o parque. Es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, el aire fresco y la tranquilidad lejos del bullicio urbano.

Su origen y evolución se remonta a las antiguas quintas romanas, que eran propiedades rurales de recreo para la aristocracia. Con el tiempo, la idea se extendió a otros países y evolucionó adaptándose a las costumbres y necesidades de cada región.

Puerto Rico imparte su peculiaridad a las edificaciones y construcciones de las casaquintas. Nilda Medina resalta que en Humacao durante el siglo XIX,  “las edificaciones civiles y las estructuras en madera de estos barrios populares constituyen un elemento de extraordinario valor, ya que son ejemplos de la arquitectura popular que atestigua la evolución de las tradiciones constructivas. No obstante, dado que muchas de estas edificaciones civiles se construyeron en madera, la mayoría de las mismas han desaparecido lo que hace fundamental la preservación de los pocos ejemplos que han llegado hasta nuestros días”. (Medina: 2008)

Antonia Sáez hace una excepcional descripción del pueblo de Humacao a finales del siglo XIX. La describe como una bella ciudad señorial, de vida apacible, un tanto monótona, pero noble. Rodeada por las casaquintas. Hace un inventario de muchas de ellas resaltando su porte señorial, los amplios y hermosos jardínes y huertos. La benemérita maestra destaca la casa de la familia Pérez (hoy Clínica Menonita), la hacienda de Atanasio Pérez ( con amplios balcones y escaleras majestuosas), Las Chorras (de la familia Roig con cascada y baño natural), el palacete de Manuela Guzmán, la casa de Regalado López, la casona de los Frías, entre otras. (Saéz: 1967).

La invasión estadounidense a Puerto Rico ocurre en el 1898. Ya desde los inicios del siglo XX se impone una nueva visión que difunde los valores del “City Garden”: por consiguiente, la vivienda fuera del centro urbano se constituye en el nuevo modelo a seguir por las familias adineradas. (Medina: 2008). Humacao tuvo un despegue económico durante la tercera década del siglo XX. El puerto de Punta Santiago trasbordó a trabajadores, artesanos, empleados de todo tipo que establecieron su residencia aquí, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida, al ornato de hogares y de calles, y al refinamiento de la convivencia humana. (Mojica, Águedo: 1983).

La bonanza económica posibilitó la construcción de hermosas residencias en Humacao.  Las familias humacaeñas con recursos económicos construyeron hermosas residencias en solares en la periferia del centro urbano. Pertenecen a este periodo las casas de las familias, Mullenhoff - Beltran, Bobonis, Perelló y Roig. La más célebre es la casa de la familia Roig-Guzmán, construida por el arquitecto Antonin Nechodoma”. (Medina: 2008).

La Casona (hoy edificio Salvador Abreu Vega) se construyó en 1920. Al igual que la Casa Roig, la Casona  sufrió los embates del huracán María. Se ha arrastrado los pies para restaurarlas.

Para el 1930 se construye la residencia de Palmira López y Luis Perelló. Esta casa fue diseñada por el arquitecto puertorriqueño Francisco Valines Cofresí. La casa tiene un estilo arquitectónico estilo “bungalow”. (https://humacao385596201.wordpress.com/casa-de-palmira-lopez-de-pereyo). Hoy luce majestuosa frente a la hermosa residencia de la querida familia de Rafy y Marisel.

Otras casaquintas que quedan grabadas en la memoria del pueblo son la de don Fernando Bobonis, la residencia de don José Méndez Rodríguez, la de don Ramón Betancourt, Licenciado Arturo en el Retiro, Lcdo. Hernán Rodríguez, don Adalberto Roig, don José María Rocafort, doña Monserrate Vda. Rodríguez, residencia de doña Yuya Vda. de Ortiz, don Manuel Roig, doña Pepita López, doña María Beltrán, don Salvador Rocafort, doña Rosa Vda. García, don Francisco Gonzáles y la del  Hon. Juez Rafael Arjona Siaca.  

Hace falta más investigaciones sobre estas casas como la que realiza la investigadora Rossana Duchesne. Las casaquintas, reflejo de una época romántica de la arquitectura en la ciudad humacaeña.

 

Semblanza Luis Toro Goyco

 Semblanza Luis Toro Goyco

Luis Toro Goyco nació en el barrio Monte Grande de Cabo Rojo, por la carretera que comunica dicho pueblo a San Germán, hace 84 años.  Es el menor de los trece hijos que procrearon y criaron el señor Juan Toro Dávila, un pequeño agricultor, y doña Regina Goyco, una artesana, fabricante de dulces de frutas naturales del país.

Cursó su escuela primaria, secundaria y superior en su pueblo natal.  Obtuvo un bachillerato en Ciencias Naturales en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, allá para el 1962, y el grado de Juris Doctor de la Universidad Católica de Puerto Rico en 1966. Comenzó su práctica de Derecho en 1967 y dedicó más de medio siglo a la representación de uniones obreras y de trabajadores individuales.  Es padre de tres hijos que le regalaron siete nietos y un biznieto.

Al comenzar sus estudios en la UPR, allá para 1958, ingresó a la Federación de Universitarios Pro Independencia (FUPI), en la que militó por varios años, a la vez que militaba en el Movimiento Pro Independencia (MPI).  En 1963 fue electo presidente de la Misión Central Hermanos Carbonell en Cabo Rojo.  En 1974 fue nombrado Secretario de Zona de la Zona de San Germán del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), cargo que sostuvo hasta 1978, cuando fue electo al Comité Central y la Comisión Política de dicha organización. Poco después fue electo Secretario de Zona de la Zona Oeste del PSP y en 1981 fue nombrado Secretario de Asunto sindicales de dicho partido.

A fines de 1982 decidió mantenerse desafiliado y así lo hizo hasta el 2011, año en que, preocupado por la dispersión y desmovilización de las fuerzas patrióticas presentó, en un escrito para discusión en un grupo de compañeros y compañeras, un proyecto para conjurar dichos problemas, al que tituló “Tenemos Que Parir Un Nuevo País”.  Al cabo de siete sesiones de discusión, una por mes, dicho documento se convirtió en la Tesis Política de un nuevo grupo, que pasó a llamarse la Convergencia Nacional Boricua (CONABO), de la que fue nombrado, y hasta el día funge, como Portavoz.  Esa Tesis Política de CONABO fue entonces publicada como libro en el 2014, conservando el título Tenemos Que Parir Un Nuevo País. Esa obra la dedicó a su señora madre, Regina del Carmen Goyco Santana.

La Tesis Política trabajada por Luis Toro Goyco y el grupo de CONABO parte del análisis de la realidad de Puerto Rico a comienzos del siglo 21, cuando ya la inmensa mayoría del País reconoce que la creación del Estado Libre Asociado no alteró nuestra realidad colonial y que la misma resulta incompatible con el progreso de los habitantes de este archipiélago. 

Esto incluso se confirmó con un voto mayoritario en tal sentido en el plebiscito del 2012, donde también unas 450,000 personas votaron por un ELA Soberano, definido como luego hemos venido a conocer como la Libre Asociación.

La tesis propone una reconciliación y acercamiento entre las diversas entidades y líderes creyentes en lograr el fin de la situación colonial, fuere mediante la independencia o mediante un acuerdo de libre asociación soberana entre Puerto Rico y los Estados Unidos, acorde con el derecho internacional.  En este sentido, esta propuesta de CONABO, lidereado por Luis Toro Goyco, recoge del pensamiento de Juan Mari Brás, sobre la fuerza que podría lograr tal clase de junte, y el deber de los independentistas de apoyarlo en su momento.

Como mecanismo procesal para alcanzar ese fin de la colonia, CONABO propuso la elección de una Asamblea Constitucional de Estatus y respaldó legislación que a esos efectos se sometió en el Senado en el 2014 y en la Cámara en el 2021.  A esto se unieron muchas otras iniciativas, inclusive el comienzo, el 4 de julio del 2014, de la actividad “Al rescate de nuestra soberanía”, otra iniciativa de Luis, que a partir de entonces y hasta el presente se realiza cada 4 de julio en la Plaza de Cabo Rojo, como evento unitario donde comparten tarima representantes de diversas entidades soberanistas, independentistas e incluso religiosas.  Solo durante los cierres causados por la pandemia no se realizó esa actividad, pero entonces se celebró de forma virtual por el programa radial Voces de la Soberanía, que, desde marzo del 2017, todos los sábados auspicia CONABO por la WKJB de Mayagüez, alcanzando toda la mitad oeste de Puerto Rico.

Buscando cómo ampliar aún más esta convergencia patriótica y unitaria, en el 2017 Luis y CONABO, junto a otros patriotas, propulsaron la formación del “Junte Soberanista”.  Este Junte unía a propulsores de la independencia y de la libre asociación, de diversos partidos y movimientos, para comparecer de forma unida al plebiscito del 2017.  Ese plebiscito se malogró por la intervención del Departamento de Justicia Federal en favor del ELA colonial, pero la grata experiencia de unidad dejó semillas.

Basado en esa experiencia, desde mediados del 2017 Luis Toro Goyco se dedicó a promover el diálogo y la concertación entre un grupo de ilustres puertorriqueños y puertorriqueñas, de diversos trasfondos. Entre estos destacaban el licenciado Noel Colón Martínez (QEPD), dirigente del MINH, la doctora Gladys Escalona Colón, exrectora del Recinto de Río Piedras de la UPR y dirigente de la Alianza pro Libre Asociación Soberana (ALAS), la licenciada  Rosa Bell Bayrón, vicepresidente del MUS, el Rvdo. Heriberto Martínez Rivera, Director Ejecutivo de la Coalición Ecuménica de Puerto Rico, el licenciado Carlos López Feliciano, del “ala soberanista” del PPD, y Luis Pedraza Leduc, destacado líder obrero.  Esos diálogos eventualmente conducirían a una convocatoria para constituir un nuevo movimiento unitario.

En paralelo a esos diálogos, CONABO continuaba reuniéndose, bajo el liderato de Luis, quien allí propuso otro proyecto trascendental: el desarrollo de una Visión de País que diera profundidad y perspectiva de futuro a las propuestas de unidad en torno a la lucha por la soberanía.Para este fin reclutó a un grupo de economistas, planificadores y otros profesores universitarios, para formar una Comisión que gestara y propusiera esa Visión de País, trabajando sobre esfuerzos previos de una gran cantidad de grupos y sectores.  Para septiembre del 2018, esa Comisión presentó ante CONABO dos documentos que se complementaban, uno de Visión de País y otro de Modelo Económico para hacer viable y sostenible esa Visión.  Los mismos fueron presentados como aportación de CONABO al proceso formativo del nuevo movimiento de  alianza soberanista.

Como resultado de estos trabajos unitarios, el 18 de noviembre de 2018, 104 patriotas boricuas se reunieron en el Teatro Arcelay de Caguas, recibieron y discutieron los documentos y aprobaron comenzar trabajos conducentes a la formación de un nuevo movimiento soberanista unitario.  El mismo trabajaría y promovería la propuesta de visión para un Puerto Rico soberano, además de impulsar la Asamblea Constitucional de Estatus como mecanismo procesal y democrático hacia la soberanía nacional.

Ese propósito fue impulsado sin descanso por Toro Goyco durante los siguientes meses, organizando reuniones por las nueve regiones en que se subdividieron los esfuerzos por el País.  En esas reuniones se discutieron y refinaron las propuestas del nuevo proyecto político-económico y además se identificó y movilizó un nuevo liderato regional.

El proceso culminó el domingo 8 de diciembre del 2019, cuando 156 boricuas, reunidos en Santurce, se constituyeron en la Asamblea Fundacional del Movimiento Diálogo Soberanista (MDS).  Esta Asamblea adoptó los documentos de Visión de País y Modelo Económico, enriquecidos por diálogos en las nueve regiones del archipiélago, además de una propuesta  organizativa para el nuevo Movimiento.

 
Entonces llegaron los terremotos y poco después la pandemia, lo que complicó grandemente el proceso organizativo del nuevo Movimiento.  En este nuevo contexto, Luis intensificó sus trabajos, aun cuando los fallecimientos de su hijo Juan, de la licenciada Rosa Bell Bayrón, y luego del licenciado Noel Colón Martínez, impactaron fuertemente a Luis, pero no lo detuvieron.

Organizó para que las reuniones semanales con líderes regionales pudieran continuar por medios virtuales, para superar las restricciones y complicaciones de estos tiempos, mientras él seguía corriendo por toda la Isla organizando y dando seguimiento.  Ya para el 2023 esa insistencia llevó a que por fin se pudieran publicar los documentos fundacionales del MDS en forma de libro, añadiendo un capítulo introductorio.  De inmediato comenzaron las presentaciones y ventas, con gran éxito, del libro El País Que Queremos.

El año pasado. Luis incluso abandonó formalmente su amada carrera de abogacía y entregó sus libros de notaría, para ampliar sus recorridos por la Isla, y aún por la costa este de Estados Unidos, reuniendo, motivando y organizando.  Sobre todo, ha continuado inspirando por la unidad   entre soberanistas e independentistas; promoviendo los diálogos, las concertaciones y las alianzas;  alianzas que hoy ya abren nuevas posibilidades a la lucha por la soberanía de nuestra Patria.

Así ha sido la vida de Luis Toro Goyco, siguiendo, en cuanto ha podido, el ejemplo de ese gran  viajero conspirador, compueblano suyo, el doctor Ramón Emeterio Betances y Alacán.

Gracias, Luis.

ALEJANDRO TORRES: LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

 ALEJANDRO TORRES: LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

            La obra que hoy presentamos se intitula La Asamblea Constitucional de Estatus. Alternativa para la revisión de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y es una segunda edición revisada y ampliada, escrita por el Licenciado Alejandro Torres Rivera. La misma constituye un historial bastante completo de la temática relacionada con los procesos de descolonización de Puerto Rico que se han propuesto hasta el presente, de hecho, culmina con una propuesta de 2022. Sea la presente una breve sinopsis de lo que el Lcdo. Torres Rivera nos ofrece de modo históricamente sustantivo y analíticamente discutido. 

Con la Carta Autonómica de 1897, Puerto Rico adquiere por primera vez “personalidad jurídica”. Se establecía un parlamento insular con dos componentes, una Cámara de Representantes y un Consejo de Administración y un gobernador insular nombrado por el gobierno de España. La Cámara podía acordar sobre aquellos puntos que no estuviesen especial y taxativamente legislados por el Gobierno central, incluso realizar acuerdos comerciales.  Además, dicha Carta Autonómica no podía modificarse sino a petición del Parlamento Insular. Durante la invasión de Estados Unidos, Eugenio María de Hostos escribe en su Diario “es casi seguro que Puerto Rico será considerada una presa de guerra”. “Y así fue”. (49)  El Tratado de Paris del 11 de abril de 1899 concluye con la cesión de Puerto Rico a Estados Unidos. Como vimos, cuando se firma el Tratado de Paris Puerto Rico se regía por un gobierno autonómico establecido por la Carta Autonómica.  Como se verá algunos estudiosos han considerado la nulidad del Tratado de Paris puesto que no se contó con el libre consentimiento del pueblo de Puerto Rico.

Desde la fundación de la Liga de Patriotas, junto con Julio Henna y Zeno Gandía, Hostos propuso un “gobierno temporal” con el fin de salir del gobierno militar y dar plazo al pueblo de Puerto Rico para ejercer su derecho a la autodeterminación, y no ser gobernados como rebaños, sino con nuestro consentimiento”. La ocupación militar violentaba “el gobierno por consentimiento de los gobernados y la dignidad de los puertorriqueños”.  Se trataría pues de un gobierno temporal pero civil republicano, con división de poderes (no militar). Ese gobierno temporal debía durar 25 años.  En su comentario a la ley Foraker, Hostos estipulaba que ni el presidente ni el Congreso pudiese vetar leyes o resoluciones aprobadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Se exigía también el control propio de la administración educativa y sobre todo se exigía un derecho irrenunciable al plebiscito, es decir el derecho a decidir el destino de Puerto Rico mediante el voto.  Para Hostos, Estados Unidos estaba obligado a respetar la personalidad jurídica de Puerto Rico y por tanto tenía la obligación de permitir que el pueblo se expresase libremente; no siendo así sería un acto abominable por parte del gobierno de Estados Unidos.

La ley Foraker establecía un gobierno insular compuesto por dos cámaras, una Cámara de Delegados, compuesta y elegida por puertorriqueños y una Cámara nombrada por el presidente de Estados Unidos.  La ley Foraker le quitaba a Puerto Rico facultades que el gobierno autonómico tenía. Ejemplo de ello es la facultad de comerciar directamente con otras naciones, establecer tratados y fijar impuestos.

La nulidad del Tratado de París predicada por Hostos fue luego articulada por Enrique López Díaz en su ensayo El liberalismo o razón cívica: Actitud americana, situación puertorriqueña, y más tarde también por Pedro Albizu Campos. Hostos no consideró apropiada en ese momento la protesta armada, sino la protesta jurídica. Para Hostos era una injusticia privar de derechos a un pueblo que había creído que Estados Unidos había venido a redimirlo y que lo recibió como redentores.  “La propuesta de Hostos de una Asamblea o Convención para gestionar la constitución de un gobierno civil que reconociera la personalidad jurídica de Puerto Rico; que su población fuera consultada; y el establecimiento de un gobierno temporal, no fue atendida por Estados Unido, procediendo el Congreso estadounidense a la aprobación de la ley Foraker”. (57)

 Sólo un año después la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la Cláusula territorial mediante la cual distinguía entre territorios “incorporados” y territorios no incorporados. El territorio incorporado tendría la intención en algún momento de incorporarse al territorio como estado de la unión. En cambio, el territorio no incorporado no cabía pensar en la promesa de una estadidad futura. Lo cual implica que podía permanecer indefinidamente en la condición territorial. “Lo que equivale a establecer un derecho perpetuo de Estados Unidos a mantener colonias”. (57) La Corte Suprema de Justicia estableció más adelante que la Ley Jones de 1917 que concedía la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños no implicaba que Puerto Rico pasaba a formar parte de los Estados Unidos.   Alejandro Torres observa que la propuesta de Hostos no rindió fruto en su momento “pero la idea de una Convención o una ´Asamblea Constituyente´ fue expresada de diferentes maneras a lo largo del siglo XX”. (58)

 El Partido Unión aprobó en su programa la constitución de un gobierno propio (self goverment), con la posibilidad o de unirse a Estados Unidos en forma de estado de la unión o de ser una nación independiente, bajo el protectorado de Estados Unidos.

José de Diego formuló la propuesta de una Constitución Constituyente. Hostos muere en 1903, y en 1913 José de Diego, presidente de la Cámara de Delegados, hace su propuesta.  Fiel a la propuesta del Partido Unión, De Diego habla de un protectorado, pero sólo de modo temporal. La Soberanía era para De Diego el luminoso sueño del Pueblo de Puerto Rico. El gobierno temporal era, como en Hostos, una autonomía temporal. De Diego reconoce una soberanía del Pueblo de Puerto Rico, “rechazando en su origen y en sus consecuencias la existencia de la soberanía de Estados Unidos”. (61) Con lo cual iba más allá de lo que reconocía Hostos. Para De Diego, por el Tratado de Paris si Estados Unidos hubiera querido hacer a los puertorriqueños ciudadanos, lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo. “En su lugar el Congreso de Estados Unidos creó una entidad política denominada “Pueblo de Puerto Rico”, dándole además una ciudadanía puertorriqueña, no estadounidense”. (61) De ahí que el régimen sometido por la ley Foraker era estrictamente temporal,  al que debía seguir un gobierno soberano, y no como decía el Partido Unión  como un estado de la unión. Tal estado temporal debía pues conducir a la independencia. Aunque en un aspecto era más adelantado a la de Hostos, en otros era más conservador.  “Las facultades de Estados Unidos irían disminuyendo progresivamente hasta que terminaran en el Gobernador, que convocaría a una Asamblea Constituyente donde se elegiría el primer jefe ejecutivo de la nacionalidad puertorriqueña”. (63) En ese mismo año de 1913, De Diego afirma que solo hay dos caminos, o la integración a la unión o la república independiente.  “Para José De Diego en ese momento era el de una República´bajo el protectorado de Estados Unidos”. (65)  Alejandro Torres juzga que “el protectorado que De Diego reclamó para Puerto Rico, visto en estos momentos, fue en esencia oneroso y precario para un pueblo que el propio José de Diego señala gozaba de una soberanía limitada”. (67) De Diego hizo ante la Legislatura una propuesta para una consulta. Un poco más tarde la retiró. Concluye Alejandro Torres. “De Diego tuvo en sus manos no sólo la organización política para promover la consulta, sino el control legislativo para implantarla y echarla a caminar. No lo hizo desaprovechando un momento propicio para la consulta al país, para confrontar a Estados Unidos con el problema que hoy, en pleno siglo XXI, sigue encadenándonos en una relación de subordinación política colonial a Estados Unidos”. (76)

            “Al igual que Eugenio María de Hostos, Pedro Albizu Campos señaló la nulidad del Tratado de Paris. Decía Albizu que España no tenía la facultad para ceder Puerto Rico a Estados Unidos ni Estados Unidos el derecho a exigir tal cesión, y que los puertorriqueños constituíamos una nacionalidad definida y reconocida por la misma España y por todo estado civilizado en el momento en que se celebró dicho tratado”. (77, Albizu, Obras, vol. 3). Muy temprano en su vida política estuvo presente en Albizu la idea de una Constituyente, denominándola “convención” y también “Convención Constituyente”.  “En 1933 propuso la derogación de la Carta orgánica vigente”, es decir, La Ley Jones, y que debía ser sustituida por una Constitución que responda a un gobierno propio “responsable sólo a nuestro pueblo”. (77) Un Congreso Constituyente debía ser el responsable de redactar dicha Constitución.

            Después del asesinato del coronel Riggs, 1936, el senador estadounidense Tydings propuso una consulta al pueblo puertorriqueño para que tuviera la oportunidad de expresarse a favor o en contra de la República independiente.  Albizu Campos interpretó la propuesta de Tydings como “un reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho del pueblo puertorriqueño a la independencia”. (78) En consecuencia Albizu hizo un llamado para que el pueblo se organizase en una convención constituyente y que los plenipotenciarios negociasen de igual a igual con Estados Unidos los tratados correspondientes y la retirada de las fuerzas armadas del territorio nacional. Albizu denunció que los partidos políticos estaban retardando la organización de la Constituyente.  Frente a ello Albizu convocó a “un frente unido pro Constituyente”.  Y pidió que cada partido celebrase una asamblea nacional donde se eligiesen los delegados a la Constituyente.  Tampoco la propuesta de la Asamblea Constituyente proclamada por Albizu “logró materializarse”.

            “El 10 de febrero de 1943, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de la cual Muñoz Marín formaba parte como senador, aprobó una resolución concurrente Número 1 abogando por la abolición del sistema colonial de Puerto Rico”. (81) En respuesta el presidente Franklin D. Roosevelt designó una comisión presidencial para estudiar el asunto.  Muñoz reclamó “la reducción de los poderes del Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico”. A lo cual el presidente de la Comisión, Fortal, respondió que “el gobierno de Estados Unidos de América continuaría siendo supremo en Puerto Rico”. (81)  Muñoz pidió que después del final de la segunda guerra mundial, se organizase una Constituyente,  y que de no ser así, al menos un plebiscito. Los representantes de Estados Unidos ante la Comisión presidencial se opusieron a la propuesta de Muñoz Marín.

            El 28 de septiembre de 1943, la comisión presidencial rindió un informe en el cual manifestaba la importancia militar de Puerto Rico para Estados Unidos. Propuso que el gobernador de Puerto Rico fuese elegido por los puertorriqueños. En 1946 el presidente Truman designó al puertorriqueño Jesús T. Piñero como gobernador. Y en 1948 Muñoz Marín fue elegido por el pueblo, por primera vez, como gobernador.

            Lo próximo que discute Alejandro Torres es La ley 600 y el proceso constitucional de 1951-1952. “El 3 de julio de 1950 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley proveyendo la organización de un gobierno Constitucional por el Pueblo de Puerto Rico; o sea la Ley 600. SE aprueba, pues, una ley para que el pueblo organice un gobierno propio, aprobada por el método de convención constitucional, con una tabla de derechos y siempre de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos de América. De ser aprobada dicha ley constitucional, debía ser enviada al Congreso de E. U. para su aprobación. El 27 de mayo de 1951 se llevó a cabo la elección de los representantes de PR a dicha convención constituyente. La Convención Constituyente realizó sus trabajos. La Resolución 22 dice que la comunidad organizada “sería un estado en el cual el poder público reside inapelablemente en el pueblo, y así es un estado libre pero vinculado a un sistema político más amplio, en asociación federativa o en otra forma que la federal, y por tanto, no vive independiente y separadamente”, que se trata de un cuerpo político creado a virtud de un convenio concertado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, o sea, el de un estado que está libre de autoridad superior en el ejercicio de la que es privativa, pero estando vinculando a los Estados Unidos de América, es parte de un sistema político en forma armónica con la estructura federal del sistema”. (85) 

Comenta Alejandro Torres: “La resolución Núm. 22 es un ejemplo perfecto de ambigüedad en la imprecisión y el carácter genérico de los conceptos que se utilizaron desde el principio para definir el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. (85)  La Resolución núm. 23 expresa que el Pueblo de Puerto Rico mantiene el derecho a proponer modificaciones en sus relaciones con los E. U. “de modo que éstas en todo tiempo sean la expresión de acuerdo libremente concertado entre el Pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América”. (85)

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según aprobada por la Convención Constituyente, fue promulgada mediante Proclama de 21 de febrero de 1952”. (85) En el mes de junio el Congreso de EU la aprobó con varias modificaciones que el pueblo de PR debía aprobar. El Congreso de EU. Eliminó algunos artículos, el más notorio fue la eliminación del artículo II que establece una serie de derechos importantes, como el derecho al trabajo, a la educación, a la protección de la vejez, etc.

Una vez aprobada la ley constituyente del Estado Libre Asociado fue llevada a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta exige que se le informe cuándo y de qué forma un territorio no autónomo ha dejado de serlo. Y así se hizo el día 27 de noviembre de 1953.  En el debate en las Naciones Unidos, el embajador de Estados Unidos expresó que si el Pueblo de Puerto Rico resolviese en favor de la Independencia, él la recomendaría de inmediato al Congreso de los Estados Unidos.  Y como bien comenta Alejandro Torres: “La historia, sin embargo,  ha sido otra.  Los partidos políticos han impedido que nuestro pueblo  reclame con una sola voz, como lo pensó E. M. de Hostos, nuestros derechos políticos y que reconozca nuestra personalidad política”: (90)     

A continuación, Alejandro Torres cita algunas importantes opiniones sobre la Constitución del Estado Libre y Asociado y el proceso que condujo a su aprobación. Menciona al juez presidente del Tribunal Supremo José Trías Monge. La constitución sí representó un avance en cuanto al gobierno propio en cuanto que reconoce el derecho de PR a establecer su propia constitución. Pero fue oscura en cuanto a las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, y no logró ningún objetivo en cuanto a un “nuevo escenario que supusiera cambios sustanciales en las relaciones con Estados Unidos”. (91)

            Alejandro Torres trae una importante discusión teórica en cuanto a lo que significa el poder constituyente de un pueblo, y lo hace de la mano del Lcdo. Carlos Gorrín. El poder constituyente “es la facultad inherente a un pueblo como titular de la soberanía de establecer un ordenamiento jurídico-político fundamental”. (cit. 98) Usa la diferencia que estableció Emmanuel Sieyès entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado. El poder constituyente originario se refiere a la fundación de una sociedad política para su organización sin tener que atenerse a leyes positivas pre-existentes. En cambio, el poder constituyente derivado se da cuando se modifica la constitución ya existente y según los criterios establecidos por ella misma. Gorrín especifica que “el derecho a la libre determinación es el originario”. (98) Y agrega: “Es necesario ejercitar el poder constituyente originario para repudiar la condición de territorio no incorporado, sujeto a la cláusula territorial, y sentar las nuevas bases sobre las que se debe erigir el Estado”. (99)  Para Gorrín, esos criterios no se dieron en el caso de la Constitución del Estado Libre Asociado, pues “la soberanía de Estados Unidos sobre Puerto Rico se mantuvo intacta”.  A la luz de todo lo anterior, concluye Alejandro Torres. “La convención constituyente es, pues, el instrumento para constituir un estado político soberano; la asamblea constitucional de estatus propuesta es el instrumento planteado para la revisión de las actuales relaciones políticas coloniales entre Puerto Rico y Estados Unidos y proponer cambios en los mismos”. (102)

El primer Congreso Pro-Independencia tuvo lugar el 15 de agosto 1943. Y el segundo el 12 septiembre de 1944. Muñoz Marín declara que es incompatible la militancia en el Partido Popular Democrático y la pertenencia al Congreso Pro Independencia.  El 20 de octubre de 1946 se declara el acta fundacional del Partido Pro Independencia. “Se organiza con el propósito primordial de laborar por el reconocimiento inmediato de la soberanía del Pueblo de Puerto Rico”.

            Desde el año 1944 el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico viene ejerciendo una extraordinaria labor en pro de la autodeterminación de Puerto Rico favoreciendo la organización de una Asamblea Constituyente. De forma muy breve vamos sintetizar los momentos más importantes de este proceso que llega hasta el presente.  En la Asamblea del 1 de septiembre de 1944 se aprobó una resolución que “demanda la terminación del régimen colonial de P.R.”. (133) Se señala que ni Estados Unidos ni el gobierno vigente en Puerto Rico han cumplido con la obligación asumida en el Tratado de París de “determinar la condición política final del territorio de Puerto Rico”. Se demanda del Congreso, del presidente y del pueblo de los E. U. el fin de la colonia y que ésta sea sustituida por lo que determine la voluntad libre y colectiva del Pueblo de P.R. Señala que la colonia se mantiene “sobre la base de la fuerza” y que es un régimen coactivo contra el ejercicio del derecho a la soberanía. Termina autorizando a la directiva del Colegio a realizar las acciones conducentes al logro de dicho objetivo. A partir de este momento, el Colegio de Abogados y Abogadas mantuvo vivo el debate sobre el futuro de Puerto Rico.

            Diez años después de creado el Estado Libre Asociado, el Colegio manifiesta que la solución definitiva debe darse “a partir del principio de la soberanía”. (134)  Y define que “pueblo soberano es aquel en que reside la fuente última del poder”. (135) En este informe de la Comisión se establece la necesidad de proteger y conservar la individualidad y características culturales del pueblo puertorriqueño. Se reconoce el derecho del pueblo puertorriqueño a darse su propia constitución sin influencia o interferencia alguna del gobierno de los Estados Unidos. Se establece que “todo poder no delegado es poder reservado por el pueblo de Puerto Rico”. (136) Asimismo, exige la participación efectiva  de Puerto Rico en los poderes que delegue. Y exige la representación propia de Puerto Rico en los Organismos Internacionales.

            El 30 de abril de 1977, el Colegio de Abogados y Abogadas se expresa una vez más sobre el estatus político de Puerto Rico, y lo hace en el Informe sobre los requisitos procesales esenciales para la descolonización de Puerto Rico. Establece que es el Pueblo de Puerto Rico el que debe decidir sobre la forma de lograr el objetivo de la descolonización. Reitera la exigencia de que sea el Pueblo de Puerto Rico el que se exprese libremente, es decir, en ausencia poderes externos. Y muy importante: “Para lograr la descolonización, el Congreso de Estados Unidos debe renunciar a todo poder sobre Puerto Rico, transfiriéndolo al Pueblo de Puerto Rico”. (137)

            Para el proceso de transición se deberá crear una comisión organizativa de la Asamblea Constituyente, constituida por los representantes de las tres fórmulas de descolonización. Se debe convocar a una elección especial de los delegados a la Asamblea Constituyente. Estados Unidos debe adoptar una posición definida antes de la consulta al Pueblo. “La Asamblea Constituyente es la depositaria de la soberanía del pueblo puertorriqueño”.  Se exige la liberación de todos los presos políticos puertorriqueños. Señala que la presencia de bases militares estadounidenses en Puerto Rico afecta el proceso de libre determinación. La solución final propuesta debe ser aprobada en un referéndum por el Pueblo de Puerto Rico.

            En el año 1985, el Colegio de Abogados y Abogadas aprueba una nueva resolución. Hay que partir del hecho según el cual la Constitución del Estado Libre Asociado contiene una onerosa cláusula, Art VII sec 3, que establece que cualquier cambio que se proponga, incluso por una Asamblea Constituyente, “no puede colocar a Puerto Rico fuera de la ley 600-1950, ni fuera de la Constitución de los Estados Unidos, lo cual incluye la cláusula territorial, ni la ley de relaciones federales con Puerto Rico. (140) Esta cláusula es contraria a lo aprobado por el Colegio en 1977 según lo cual la determinación del Pueblo de Puerto Rico debe ejercerse libre de poderes externos.

Alejandro Torres cita al licenciado Juan Mari Brás especificando el cambio que  introduce  la resolución del Colegio. En su parte central la resolución: “propone que se ponga en movimiento la iniciativa puertorriqueña sin ninguna clase de consulta previa al gobierno de Estados Unidos siguiendo pautas y procedimientos establecidos en 1952 por la Convención Constitución de 1952 y la constitución vigente en Puerto Rico”. (141)

El 6 de octubre de 2001, la junta directiva del Colegio de Abogados, presidida por la licenciada Nora Rodríguez, aprobó que se sustituyese el concepto de Asamblea Constituyente por el de Asamblea Constitucional de Status, el cual “presenta el mandato pleno del pueblo para atender su situación política”. (162) Esta resolución de la Junta Directiva fue aprobada por la Asamblea del Colegio de Abogados, en septiembre de 2002.  Sobre la base del anterior acuerdo, la Comisión para el Desarrollo Constitucional elaboró un Proyecto de Resolución Concurrente que tomó la forma de Proyecto Número 317 de la Cámara de Representantes y que fue radicado el día 22 de mayo de 2003.  También fue presentado ante el Senado.  La propuesta promovía una Asamblea Constitucional de Estatus, pero en realidad no fue aprobada por ninguna de las dos cámaras legislativas.

En febrero de 2006 la Asamblea del Colegio de Abogados y Abogadas aprueba una nueva propuesta de Asamblea Constituyente. Se incorporan elementos adicionales. Se postula que los delegados a la Asamblea Constituyente podrán ser nominados por los partidos políticos. Hay una importante observación que se hace y que se refiere al hecho de que “históricamente el Colegio de abogados y abogadas ha denunciado que Estados Unidos nunca ha viabilizado el ejercicio por parte del pueblo puertorriqueño su derecho a la libre determinación”. (231) Asimismo, reconoce que el proceso constitucional realizado entre 1951-1952 y que constituyó al Estado Libre Asociado, “si bien tuvo atributos constitucionales, tampoco fue el resultado de un proceso de libre determinación”. (233) El derecho a la libre determinación de los pueblos es un derecho inalienable. “Derecho inalienable es aquel al cual, en todo momento, el pueblo tiene el pleno poder de ejercitarlo. Ninguna fuerza política interna o externa puede arrebatárselo, ni mucho menos  suprimirlo”. (233) Las Naciones Unidas en su resolución 1514 de diciembre de 1960, declara que “la sujeción de los pueblos a un subyugación y explotación extranjeras, constituye una negación de los derechos humanos fundamentales”. (234) 

            Expresa Alejandro Torres. “Durante décadas, el Senado de Estados Unidos se ha negado a considerar un voto mayoritario en favor de una iniciativa de estatus que comprometiera a dicho cuerpo a conceder la estadidad”. (183) Durante el gobierno de Pedro Rosselló el Partido Popular Democrático se planteó cómo atender al desarrollo de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos.  El 15 de octubre de 1998, la comisión de estatus del PPD y su Consejo General aprobaron una propuesta de desarrollo del Estado Libre Asociado. Mantienen las bases históricas de acuerdo entre ambos países: común ciudadanía, común defensa, común moneda y común mercado.  También recurrieron al procedimiento de Asamblea Constituyente.  Se exigiría un mecanismo para que el pueblo decida qué legislación federal sería aplicable a Puerto Rico. Esto según una propuesta que ya había expresado Hernández Colón. 

Miguel Hernández Agostó manifestó con relación a lo aprobado por el PPD. “No se parte del reconocimiento de una premisa fundamental en una democracia: la soberanía -el poder- reside en el pueblo. De esa soberanía emana el poder de pactar con Estados Unidos”. (citado, p. 185) Asimismo expresa Hernández Agosto: “Es necesario precisar los términos de esa asociación”. Y agrega: “El convenio consentido por Puerto Rico en 1952 no establece una limitación taxativa a la autoridad congresional en la Isla”.  (185) De todos modos el convenio propuesto por el PPD no llegó a nada.

            “El 11 de marzo de 2002, el Senado de Puerto Rico sometió un informe final sobre la Resolución del Senado 201 impulsada por el senador Báez Galib. Y el 25 de abril de 2002 la Cámara de Representantes mediante resolución 3873 concurría con el informe del Senado.  El informe recomendaba la Asamblea de Pueblo para atender lo relacionado con el estatus del pueblo de Puerto Rico con relación a Estados Unidos. (166)  El informe estipulaba que corresponde al Pueblo decidir su destino político y las relaciones con Estados Unidos. Es el derecho natural del pueblo puertorriqueño. El informe del Senado no ofrecía un diseño o modelo de la Asamblea Constituyente, pero sí indicaba que la composición respondiera  los principios de la Constitución del Estado Libre Asociado.

Hernández Colón, como orador invitado a la Asamblea del Colegio de Abogados y Abogadas el 6 de septiembre de 2006, abordó el tema de la Asamblea Constituyente. Planteó la necesidad de revisar las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos.  Abogó por la Asamblea Constituyente en acuerdo a los parámetros establecidos por el art. 7 sec. 3 de la Constitución del ELA.  Observa Alejandro Torres que Hernández Colón partía de la premisa de que las relaciones de Puerto Rico y Estado Unidos no eran de naturaleza colonial. Y que su propuesta no constituye un esfuerzo de libre autodeterminación. Lo único que proponía era revisar qué leyes federales quiere el pueblo que se apliquen o no a Puerto Rico.

            “La posición institucional del Partido Nuevo Progresista históricamente hablando ha sido contraria a la propuesta de una Asamblea Constituyente”. (198)

            En cuanto a La libre Asociación,  el 1 de junio de 1985, La Comisión para el desarrollo constitucional de Puerto Rico emitió otro informe analizando un  pacto de Libre Asociación de las Islas Marshall y los Estados Unidos, y también de los Estados federados de Micronesia y Estados Unidos.   Este pacto sustituye a la Administración fiduciaria que por delegación de las Naciones Unidas tenía la Armada de los Estados Unidos desde 1947, y luego el Departamento del Interior. Alejandro Torres nos trae la definición de Libre Asociación que propuso Ángel Israel Rivera: “La libre Asociación es un arreglo que permite forjar una autodeterminación nacional no provinciana. Capacita a países pequeños para acceder a la soberanía al mismo tiempo que se vinculan con entidades políticas de mayor desarrollo y presencia mundial”. (144) 

Anota Alejandro Torres que los pactos de Libre Asociación reconocidos son de una duración temporal. El lcdo. Luis Vega Ramos señala que la duración es sólo la que estipulan las partes. Ángel Ortiz Guzmán considera que el Tratado de libre Asociación “puede romperse unilateralmente por cualquiera de las partes”. (148)  Ortiz Guzmán también afirma la importancia de hablar de “Libre Asociación Soberana”.  Hay que tener en cuenta que “la experiencia vivida por las Islas del Pacífico que han negociado pactos de libre asociación con Estados Unidos ha sido que, con el paso de los años, Estados Unidos ha pretendido imponer nuevas condiciones en asuntos relacionados con la defensa, en la fiscalización” y “en uso de las asignaciones económicas al territorio asociado”. (152) Y también en cuanto al movimientos de los nacionales hacia o desde Estados Unidos.

            Alejandro Torres considera que un pacto de libre Asociación debe reconocer el principio de soberanía e independencia. “Todo acuerdo de libre Asociación debe partir de la delegación expresa de poderes políticos de Estados Unidos, no de la delegación genérica o implícita de éstos”. (156) Se debe también reconocer recíprocamente la ciudadanía. Que Estados Unidos reconozca la ciudadanía puertorriqueña, y viceversa.

Como penúltimo tema voy a referirme a la denuncia ante las Naciones Unidas de la condición colonial de Puerto Rico. Desde que se fundó las Naciones Unidas, el partido Nacionalista hizo esfuerzos por la denuncia de la condición colonial de Puerto Rico y la necesidad de un proceso de descolonización que conduzca a la Independencia nacional. Asimismo, el Partido Independentista denuncia ante las Naciones Unidos que el proceso de la ley 600 que establecía el ELA negaba el libre ejercicio de la determinación del pueblo de Puerto Rico. En Puerto Rico, Gilberto Concepción de Gracia denunció con firmeza que “el sistema colonial en toda su dureza, con todas sus arbitrariedades, con todas sus intervenciones y negociaciones negaba el derecho natural de los puertorriqueños a regir su propia vida”. (ct. 121)  Asimismo, Concepción de Gracia gestionó que la delegación del PIP se presentase en las Naciones Unidas e informó de las exigencias presentadas, las que eventualmente estarían contenidas en la Resolución 748 (VIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. “A pesar de la derrota que representó la validación por parte de las Naciones Unidas del Estado Libre Asociado, expresando que el mismo era una de gobierno en el cual el pueblo puertorriqueño había alcanzado un tipo de gobierno propio compatible con el ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación, Concepción de Gracia valoró aquel momento histórico como un triunfo para la causa de la independencia”. (125)

Para mediados de la década del 70, Las Naciones Unidas asumió nuevamente la discusión del caso colonial de Puerto Rico. “Cuarenta y un resoluciones se han adoptado desde entonces, reafirmando en todas ellas…la relación colonial respecto a Estados Unidos. Reafirmando el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico”. (126)

La resolución 1514 de la Asamblea General de las  Naciones Unidas fue aprobada el 14 de diciembre de 1960, donde se reconoce el derecho de los pueblos a su libre determinación, y que por lo mismo sea cada pueblo el que pueda determinar su condición política y su modo de desarrollo económico y social.

El libro concluye con la presentación que el lcdo. Alejandro Torres Rivera hace el 4 de junio de 2022 a nombre de la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en torno al “Borrador del Proyecto de Ley titulado ´Puerto Rico Status Act´. Torres Rivera reconoce que desde 1944 el Colegio ha denunciado la naturaleza colonial de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos y que el Pueblo de Puerto Rico “nunca ha ejercido su derecho a la libre determinación”. (337) Claramente no fue un proceso de libre determinación llevado a cabo para establecer la ley 600 (1952).  Asimismo, reconoce el derecho natural inalienable del pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación y como mecanismo procesal la Asamblea Constitucional de Estatus. Dicho mecanismo es coherente con el Derecho Internacional y con el régimen de Derecho vigente en Estados Unidos.  Asimismo, se aceptan algunos aspectos positivos del Borrador sometido; como la creación de una comisión bilateral negociadora. Presta atención a las diversas opciones a considerar con respecto a la ciudadanía. Reconoce las prerrogativas del pueblo con relación a sus derechos de acuerdo a las varias opciones. Acepta los derechos económicos adquiridos por el pueblo de Puerto Rico. Reconoce la diferencia en contenido de las opciones de libre asociación e independencia. Reconoce los derechos fundamentales del ser humano como derecho a la libe expresión, a la asociación, a la libre opción por creencias religiosas y a los derechos económicos, políticos y culturales, así como también el derecho de libre tránsito entre Estados Unidos y Puerto Rico. Lo mismo con el derecho de quienes quieran permanecer con la ciudadanía estadounidense. Y los derechos adquiridos por los puertorriqueños en áreas como los veteranos, el seguro social. Torres Rivera aboga por una mayor precisión en los términos usados en el borrador.

Estados Unidos defendió siempre en las Naciones Unidas que Puerto Rico había llevado a cabo un proceso de autodeterminación que culminó en la fundación del Estado Libre Asociado. Pero durante las últimas décadas los tres poderes de Estados Unidos se han manifestado de modo claro reconociendo que Puerto Rico es un territorio no incorporado bajo el poder soberano del Congreso. La última expresión de esto es la onerosa ley Promesa que rige aún. Pero también lo fue el caso de Pueblo- vs. Sánchez Valle.[1]

Como dije al inicio, el lcdo Alejandro Torres Rivera expone de modo completo el historial de los procesos de propuesta de Asamblea Constituyente para la descolonización de Puerto Rico. Es una obra excelente que todos debiéramos leer y reflexionar con el compromiso puesto sólo en la liberación de Puerto Rico del ya largo coloniaje. Como escribió Eugenio María de Hostos. “Ni hoy ni mañana, ni nunca, dejará nuestra patria de ser nuestra”.

Carlos Rojas Osorio

Juncos, septiembre 25, 2024.

 

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[1] Alejandro Torres Rivera,  La Asamblea Constitucional de Estatus. Alternativa para la revisión de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos, San Juan, Editorial Tiempo Nuevo, 2024. Segunda Edición Ampliada y Revisada.